Hoy se celebra en toda Europa el Día de la
Vida Independiente. Con este motivo, la Red Europea de Vida Independiente
impulsa la campaña “Stop Disability Cuts” (#StopDisabilityCuts), con el fin de
sensibilizar sobre los desproporcionados efectos de las medidas de austeridad
tantos de la UE como de los diferentes gobiernos nacionales sobre las vidas de
las personas con discapacidad.
Como resultado de la crisis económica en
Europa, está aumentando la discriminación y la marginación del colectivo de
personas con discapacidad. Estas personas todavía tienen multitud de barreras
en la plena inclusión en la comunidad. Pero ahora, fruto de los incesantes
recortes decretados por las diferentes administraciones públicas en las
políticas relacionadas con la autonomía personal y la vida independiente, sobre
este colectivo se cierne una seria amenaza de marginación, debida
fundamentalmente al incremento de la pobreza y a la vuelta a su confinamiento
en residencias y centros. Una institucionalización que ya afecta a 1 millón de
personas en la Unión Europea (1 de cada 5 personas con discapacidad), y que
supone un retroceso de décadas en lo conseguido por organizaciones como FEAPS,
y una vulneración del derecho a la plena inclusión en la comunidad.
En España, según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), en los hogares en los que conviven
personas con discapacidad, la media de ingresos es hasta un 25% más baja, y el
73,8% de estas personas tienen dificultades para pagar las cosas esenciales
debido a que disponen de unos ingresos muy limitados (el primer dato pertenece
a la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía y situaciones de dependencia
(EDAD 2008) y el segundo a la Encuesta de Integración Social y Salud (2012).
Por este motivo, FEAPS reclama que las
políticas de austeridad que está adoptando nuestro Gobierno garanticen en todo
caso el mantenimiento de los niveles de protección social conseguidos para el
colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que se
evite la disparidad de aplicación de estas políticas entre las diferentes
comunidades autónomas y que se evalúen las consecuencias que este impacto está
teniendo en los derechos de este colectivo especialmente vulnerable (en línea
con lo apuntado en el informe del Comisario de para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa y la Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013
“Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”).
La Convención de Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho de estas personas
“a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias” (artículo 28) junto con
la garantía de “acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo para la comunidad, incluida la
asistencia personal” (artículo 19).
Además, España es uno de los países
firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que en su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona “a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia”, incluso “alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
El informe emitido en junio de 2012 por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda a
nuestro gobierno que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual
crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de
austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los
derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales,
proporcionales y no perjudiciales. También insta al Estado español a velar por
que las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión
social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de
bienestar social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de
los derechos económicos, sociales y culturales.
En 2013, FEAPS publicó un informe sobre
“La regulación de la participación económica del beneficiario en el Sistema
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD)”, desde hace tiempo,
FEAPS viene constatando la acumulación y dispersión de gran cantidad de cambios
normativos que de forma aislada están incidiendo negativamente en la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias.
Fuente: FEAPS
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