* La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra estima los recursos del CORMIN contra las normas sobre prestaciones por ser contrarias a Derecho.
* El Gobierno de Navarra deberá abonar con efectos retroactivos a 1 de enero de este año las ayudas económicas retiradas a sus titulares.
* La plataforma de la discapacidad en la Comunidad Foral destaca que los fallos judiciales son resultado de la activa respuesta de sus bases ante unas disposiciones “injustas”.
El TSJN ha anulado dos órdenes forales que establecían incompatibilidades en la percepción de ayudas por parte de personas con discapacidad y suponían de hecho el recorte de prestaciones. Las sentencias, que responden a dos recursos interpuestos por CORMIN e impulsados activamente por sus bases, consideran que ambas normas “no son conformes a derecho” por, entre otras cosas, haberse omitido el trámite de audiencia a los afectados y a sus representantes. Los fallos obligan al Gobierno de Navarra a abonar con efectos retroactivos las prestaciones retiradas.
Las sentencias notificadas los días 10 y 18 de octubre, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaran nulas las ordenes forales 103/2011, de 21 de octubre, por la que se establecía el régimen de compatibilidades entre diversas prestaciones en materia de atención a personas en situación de dependencia, y la 247/2011, de 23 de diciembre, por la que se concretaba la regulación de las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas.
Esta normativa, además de la reducción de la cuantía percibida, establecía un sistema de incompatibilidades en el cobro de prestaciones de modo que, por ejemplo, quien recibía ayuda económica para acudir unas horas a un centro de día no podía ser beneficiario de una prestación por permanencia en su domicilio.
Los fallos ahora emitidos dan la razón al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN), entidad que interpuso los recursos contra las ordenes forales y que ya desde su preparación se opuso a éstas por considerarlas “injustas”, al establecer como incompatibles prestaciones plenamente complementarias y restringir derechos de personas dependientes y de sus cuidadores.
Las sentencias estiman “íntegramente” las demandas del CORMIN y anulan las ordenes forales dictadas por la entonces consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, Elena Torres, porque no respetan el procedimiento legalmente establecido para dictar este tipo de normas al omitirse, entre otras cosas, el preceptivo trámite de audiencia a la ciudadanía previo a la aprobación. Los fallos destacan que, al tratarse de disposiciones que “afectan a los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos”, el trámite de audiencia era obligado, y que en todo caso el Departamento tampoco justificó la concurrencia de “razones graves de interés público” que le pudieran haber eximido de abrir dicho trámite. “En definitiva –recalcan las sentencias- no hay ninguna razón para no haberse dictado las órdenes forales por la que se motivara la omisión del trámite de audiencia”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que “se ha vulnerado el procedimiento legalmente establecido, con lo que las ordenes forales impugnadas no son conformes a derecho”. Por tanto, declara nulas las normas aprobadas por el Departamento de Política Social y condena a abonar las costas de los pleitos a la Administración demandada.
“Activa respuesta de nuestras bases”
El CORMIN ha valorado muy positivamente las sentencias, destacando que además obligan al Gobierno de Navarra al pago con efecto retroactivo de las prestaciones retiradas por las mencionadas órdenes, ahora declaradas nulas. Para la plataforma de la discapacidad en la Comunidad Foral, estos fallos judiciales son el resultado de la “activa respuesta de nuestras bases”, ejemplificada en la campaña de presentación masiva de recursos administrativos ante diversas instancias públicas contra las ordenes forales ahora anuladas.
En este sentido, el CORMIN resalta el “importante papel del movimiento social organizado de la discapacidad” en la defensa de las personas con discapacidad y sus derechos, un papel que es resultado de la “cohesión y la unidad de acción que han asumido como compromiso máximo todas las entidades que forman parte de nuestro organismo”.
Por último, considera que las resoluciones judiciales “ponen en evidencia las decisiones políticas que, como estas órdenes forales, no tienen en cuenta a quienes vamos a sufrir en carne propia sus consecuencias”, y recuerda que “la verdadera democracia es mucho más que poder elegir a los representantes políticos cada cuatro años, es contar en todo momento con la opinión de la ciudadanía y trabajar codo con codo por una sociedad para todos y todas”. Por eso, el CORMIN reitera su llamamiento a los poderes públicos para “caminar juntos en esta dirección y abordar una eficaz política en materia de discapacidad”, abandonando la vía de los recortes económicos y de derechos de todos los ciudadanos y, especialmente, de los más vulnerables.
El CORMIN es el agente social de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 11 asociaciones y 2 federaciones del sector. La base social representada en la entidad está compuesta por las 45.000 personas con discapacidad de Navarra y por sus familias.
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